BMJ. Covid-19: se identifica una nueva variante de coronavirus en el Reino Unido.

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4857

El secretario de salud de Inglaterra, Matt Hancock, ha dicho al parlamento que se ha identificado una nueva variante del covid-19 y que puede estar provocando infecciones en el sureste, lo que ha llevado a titulares sobre el "covid mutante". Jacqui Wise responde algunas preguntas comunes

¿Qué sabemos sobre esta nueva variante del SARS-CoV-2?

Se le ha llamado rápidamente VUI-202012/01 (la primera "Variante bajo investigación" en diciembre de 2020) y se define por un conjunto de 17 cambios o mutaciones. Uno de los más importantes es una mutación N501Y en la proteína de pico que usa el virus para unirse al receptor ACE2 humano. Los cambios en esta parte de la proteína de punta pueden, en teoría, hacer que el virus se vuelva más infeccioso y se propague más fácilmente entre las personas.

¿Cómo se detectó la variante?

Fue recogido por el consorcio Covid-19 Genomics UK (COG-UK), que realiza la secuenciación genética aleatoria de muestras positivas de covid-19 en todo el Reino Unido. El consorcio es una asociación de las cuatro agencias de salud pública del Reino Unido, así como el Instituto Wellcome Sanger y 12 instituciones académicas.

Desde su creación en abril de 2020, el consorcio ha secuenciado 140 000 genomas de virus de personas infectadas con covid-19. Utiliza los datos para rastrear brotes, identificar variantes de virus y publicar un informe semanal ( https://www.cogconsortium.uk/data/ ).

¿Qué tan común es?

Hasta el 13 de diciembre, se habían identificado 1108 casos con esta variante en el Reino Unido en casi 60 autoridades locales diferentes, aunque el número real será mucho mayor. Estos casos se produjeron predominantemente en el sureste de Inglaterra, pero ha habido informes recientes de otros lugares, incluidos Gales y Escocia.

Nick Loman, profesor de genómica microbiana y bioinformación en la Universidad de Birmingham, dijo en una sesión informativa del Science Media Center el 15 de diciembre que la variante se detectó por primera vez a fines de septiembre y ahora representa el 20% de los virus secuenciados en Norfolk, el 10% en Essex y 3% en Suffolk. "No hay datos que sugieran que se haya importado del extranjero, por lo que es probable que haya evolucionado en el Reino Unido", dijo.

¿Esta variante se propaga más rápidamente?

Matt Hancock dijo a la Cámara de los Comunes el 14 de diciembre que el análisis inicial mostró que la nueva variante "puede estar asociada" con el reciente aumento de casos en el sureste de Inglaterra. Sin embargo, esto no es lo mismo que decir que está provocando el aumento.

Loman explicó: “Esta variante está fuertemente asociada con donde estamos viendo tasas crecientes de covid-19. Es una correlación, pero no podemos decir que sea causalidad. Pero hay un crecimiento sorprendente en esta variante, razón por la cual estamos preocupados y necesita un seguimiento e investigación urgentes ”.

¿Es de esperar una mutación?

El SARS-CoV-2 es un virus de ARN y las mutaciones surgen de forma natural a medida que el virus se replica. Ya han surgido muchos miles de mutaciones, pero es probable que solo una minoría muy pequeña sea importante y cambie el virus de manera apreciable. COG-UK dice que actualmente hay alrededor de 4000 mutaciones en la proteína de pico.

Sharon Peacock, directora de COG-UK, dijo en la sesión informativa del Science Media Center: “Se esperan mutaciones y son una parte natural de la evolución. Ya han surgido muchos miles de mutaciones y la gran mayoría no tiene ningún efecto sobre el virus, pero puede ser útil como código de barras para monitorear los brotes ”.

¿Es la nueva variante más peligrosa?

Aún no lo sabemos. Las mutaciones que hacen que los virus sean más infecciosos no necesariamente los hacen más peligrosos. Ya se han detectado varias variantes en el Reino Unido. Por ejemplo, se cree que la variante D614G ha aumentado la capacidad de transmisión del virus y ahora es el tipo más común que circula en el Reino Unido, aunque no parece provocar una enfermedad más grave.

El laboratorio de Public Health England en Porton Down está trabajando actualmente para encontrar cualquier evidencia de que la nueva variante aumente o disminuya la gravedad de la enfermedad. Susan Hopkins, asesora médica conjunta de NHS Test and Trace y Public Health England, dijo: “Actualmente no hay evidencia de que esta cepa cause una enfermedad más grave, aunque se está detectando en una amplia geografía, especialmente donde se detectan más casos. . "

¿Seguirá funcionando la vacuna?

La nueva variante tiene mutaciones en la proteína de pico a la que se dirigen las tres principales vacunas. Sin embargo, las vacunas producen anticuerpos contra muchas regiones de la proteína de pico, por lo que es poco probable que un solo cambio haga que la vacuna sea menos eficaz.

Con el tiempo, a medida que ocurren más mutaciones, es posible que sea necesario modificar la vacuna. Esto sucede con la gripe estacional, que muta todos los años, y la vacuna se ajusta en consecuencia. El virus SARS-CoV-2 no muta tan rápido como el virus de la gripe, y las vacunas que hasta ahora han demostrado ser efectivas en los ensayos son tipos que se pueden modificar fácilmente si es necesario.

Peacock dijo: “Con esta variante no hay evidencia de que evite la vacunación o una respuesta inmune humana. Pero si hay un caso de falla de la vacuna o reinfección, ese caso debe tratarse como alta prioridad para la secuenciación genética ".

Docencia Alto Palancia. SESIÓN CLÍNICA. Acné.

  En esta ocasión el Dr. Víctor González, dermatólogo en nuestra área, nos ofrece un recuerdo acerca del acné, incidiendo en el tratamiento a nuestro nivel de primaria, y desdramatizando el uso de los retinoides sistémicos por parte de la consulta de Dermatología. 

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El Gerente de Mediado. COVID-19: La evaluación que nunca se hará.

  El 7 de agosto enviamos una carta a Lancet instando a la realización de una evaluación externa independiente de la gestión de la pandemia COVID-19 en España. La carta tuvo amplia repercusión en medios de comunicación y tuvo una acogida mayoritariamente favorable, pese a lo cual el Ministerio de Sanidad español no se dio por aludido. En el mes de setiembre publicamos una segunda carta en Lancet Public Health en la que continuábamos urgiendo al gobierno central y al de las comunidades autónomas a realizar la evaluación a la mayor brevedad posible. A resultas de ello, una representación de los autores de ambos textos pudo reunirse con el Ministro y la Secretaria de Estado dos meses después de la publicación de la primera carta, donde el Ministerio se comprometió a elaborar un marco para la evaluación en el plazo de un mes, no sin antes manifestar su malestar por la publicación de la primara carta. Han tardado dos meses en elaborar dicho documento que aún está en fase de borrador; en éste no existe un compromiso firme ni que a sea realmente una evaluación independiente, ni a que se realice pronto, puesto que se establece que el informe final podría estar disponible a los cuatro meses “aproximadamente” de que se constituya el grupo de planificación y coordinación de la evaluación, aún por designar; incluso no se descarta que la supuesta evaluación se realice una vez finalizada la pandemia, cuando los muertos sean ya definitivos. En definitiva, y en el mejor de los casos, no se dispondría de la evaluación hasta el verano del 2021, fecha en la que (con las optimistas previsiones sobre vacunación del señor Illa) la pandemia probablemente haya acabado.

Los más comprensivos a la postura del gobierno, argumentarán que es razonable su retraso al estar en pleno segundo pico, momento en el que las prioridades son otras. Argumento que podría aceptarse si no fuera porque cuando se propuso no había comenzado la segunda ola, además de que si la evaluación es realmente independiente no debería suponer sobrecarga alguna para el Ministerio.

La razón última posiblemente sea otra. L a resistencia del gobierno actual a rendir cuentas (ese gobierno que iba a ser radicalmente diferente de los anteriores), es más que evidente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el órgano oficial que vela por el cumplimiento de la ley de transparencia desde 2015, llegó a afirmar recientemente que el Ministerio de Sanidad está “dificultando la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública”. Ni responde a la ciudadanía en modo alguno, ni lo hace a organismos oficiales como el propio CTBG: de 17 resoluciones emitidas por el citado organismo respecto a peticiones al Ministerio de Sanidad, 15 recibieron silencio administrativo, y en una de las restantes se limitó a enviar un enlace cuya información no correspondía a la información solicitada. Entre las preguntas no respondidas se encuentran la solicitud de información sobre la propia pandemia, ni las actas de las supuestas reuniones de expertos, expertos que por supuesto siguen siendo desconocidos. La tendencia a hacer caso omiso a cuanta demanda de información se solicite no es coyuntural: la declaración del estado de alarma llevó implícita la congelación de la ley de transparencia hasta el mes de junio, momento en que la mayor parte de las peticiones de información previamente realizadas fueron ignoradas.

El señor Illa, ministro de Sanidad es un profundo ignorante en salud y sanidad, pero un consumado artista de la política. ”Ni palabra mala ni hecho bueno” decía mi abuela, dicho que refleja bien su comportamiento: nunca pierde la compostura, siempre “parece” comprender los argumentos de su interlocutor, y tomar nota de sus consideraciones pero en la práctica se comporta como el global de los políticos de este país: practicando un moderno despotismo ilustrado, en el que afirman con vehemencia trabajar por el pueblo, pero despreciando absolutamente sus opiniones y demandas.

No se va a realizar ninguna evaluación independiente, entre otras razones porque ningún gobierno español va a permitir que el resultado de ésta pudiera poner en cuestión, ni siquiera mínimamente, sus decisiones. Nunca se ha hecho y, probablemente, nunca se vaya a hacer: España no dispone de órganos realmente independientes del poder político de turno (la mejor muestra es la justicia) ni de instrumentos que permitan conocer a la ciudadanía el desempeño de su gobierno. Pero tampoco existe voluntad de que esto cambie: el respaldo obtenido en las urnas sirve de patente de corso para poder gobernar a sus respectivos antojos, sin rendir cuentas en momento alguno. Para el presidente del gobierno actual, sus comparecencias ante la prensa son la mejor rendición de cuentas que pueda existir.

España es el país de la OCDE con peores resultados globales en salud y economía: a pesar de la continua limitación de derechos individuales y colectivos a los que se somete a la población española estamos situados en un “envidiable” noveno puesto en el total de personas infectadas pese a ser un país de menos de 50 millones de habitantes; Pero donde las cifras son de escalofrío es en número de muertes: noveno también en cifras absolutas, quinto en muertes por millón, cuarto en exceso total de muertes en este año, y tercero en exceso de muertes por millón de habitantes. Un “gran” resultado pese a limitar en todo lo posible la vida social y económica, decisiones que han producido el mayor impacto en la economía de toda la Unión Europea, con una previsión de caída del PIB   mayor del 12%.

Algunos países tuvieron buenos resultados en la primera oleada, y malos en la segunda o viceversa; España siempre ha estado en ambas olas en los peores lugares. Las residencias siguen siendo el primer lugar de muerte, la Atención Primaria o las UCIs están colapsadas, y la culpa es de la irresponsabilidad de la gente, como si la “gente” en España fuera mucho más irresponsable que en Alemania, Noruega o Australia. Como se ve no hay motivo de preocupación, ni necesidad urgente de realizar evaluación alguna.

La ingenuidad ha sido creer que una evaluación de esta importancia podría realizarse con la colaboración de los gobiernos españoles.

El Rincón de Sisifo. Convalecencia del COVID, un nuevo reto para atención primaria.

Cada vez hay más pacientes que notifican síntomas multiorgánicos posteriores al COVID-19. Van desde tos y dificultad para respirar hasta fatiga, dolor de cabeza, palpitaciones, dolor en el pecho, dolor en las articulaciones, limitaciones físicas, depresión e insomnio, y afectan a personas de distintas edades. En la conferencia de la Academy of Medical Sciences china de Lancet el 23 de noviembre, Bin Cao presentó datos (en prensa en The Lancet ) sobre las consecuencias a largo plazo del COVID-19 para los pacientes en Wuhan, y advirtió que las disfunciones y complicaciones podrían persistir durante al menos 6 meses en algunos pacientes dados de alta. El llamado COVID convaleciente es un problema de salud creciente y es necesario actuar ahora para abordarlo.

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El Gerente de mediado. ¿Tamiflú 2? Vacunas, ciencia y negocios turbios.

 https://gerentedemediado.blogspot.com/2020/

 “Necesitamos el compromiso de las organizaciones y las compañías farmacéuticas para que todos los datos estén disponibles incluso si eso significa que debemos remontarnos 20 años. De lo contrario corremos el riesgo de otra reacción instintiva ante una posible pandemia .Y ¿realmente nos lo podemos permitir?”.

Esto lo escribió Fiona Godlee, directora del BMJ hace más de 6 años. Estaba claro que no nos lo podíamos permitir pero ha vuelto a ocurrir: reacciones instintivas frente a la peor pandemia en un siglo. Esta semana Godlee vuelve a escribir en el BMJ un editorial con el título de “las lecciones perdidas del Tamiflu”, en el que se lamenta de lo poco que aprendemos de los errores que cometemos. Para el que no lo vivió o ha decidido olvidarlo, la gestión de la “pandemia” H1N1 fue uno de los mayores desastres y escándalos de la salud pública recientes, aunque hay que reconocer que ampliamente sobrepasado por la esperpéntica gestión de la COVID-19. La lista de desatinos cometidos fue interminable: epidemia de histeria mundial no justificada por los datos de infección y muerte, conducta sumamente turbia de la OMS (que modificó sus propios criterios de pandemia para justificar sus decisiones, ocultando a la vez los evidentes conflictos de interés de sus asesores vinculados a Roche y Glaxo, las dos empresas productoras de Tamiflu y Ralenza), compra desproporcionada de ambos fármacos y de vacunas por parte de gobiernos de todo el mundo, tergiversación de la información… Conviene volver a leer el mejor resumen de lo que ocurrió entonces, escrito por Juan Gervas, para comprobar hasta qué punto no aprendemos. En aquel entonces el gobierno español compró cerca de 13 millones de vacunas de las que se utilizaron sólo 2. Al igual que el resto de países que se pillaron los dedos , España tuvo que buscar lugares donde colocar el excedente, desde subastarlas a donarlas a países “ de bajos ingresos” o esperar a que caducaran para tirarlos a la basura.

Como bien describe Godlee,se ha vuelto a repetir con la COVID-19 la misma estrategia de venta y utilización indiscriminada de fármacos de efectividad no demostrada ni información suficiente sobre su seguridad, basados en estudios de propaganda de los laboratorios farmacéuticos. Conocer la verdad sobre el Tamiflú (oseltamivir) costó más de cinco años. Durante ese tiempo las dos empresas farmacéuticas se negaron a compartir sus bases de datos con investigadores independientes, lo que solo acabaron haciendo por la presión continuada del BMJ y la Colaboración Cochrane, cuyos trabajos confirmaron que el oseltamivir (Tamiflu) ni era efectivo en el tratamiento de la gripe ni reducía su transmisión, y a la vez producía efectos adversos importantes.

España gastó entonces 333 millones en el tratamiento de la gripe H1N1.Ahora podríagastarse alrededor de 1.200 millones, extensibles hasta algo más de 2.000, si suscribe los seis contratos que ha firmado o va a firmar la Unión Europea con los respectivos fabricantes (Pfizer/BioNtech, Astra Zeneca,CureVac, Sanofi/GSJ, Janssen y Moderna). En función de ello recibiría el 10,5% del producto y el correspondiente 10,5% de la factura total, entre137 y 206 millones de viales según informa Cinco días.

Para el ministro español, señor Illa esto significaría “una estocada de muerte” para el virus. Término taurino muy expresivo que no se si el más adecuado para referirse a algo tan poco tangible como un virus. Es cierto que desde el momento en que Pfizer publicó su nota de prensa donde garantizaba el 95% de eficacia de su vacuna no ha habido político, tertuliano, epidemiólogo a sueldo, o experto televisivo que haya cuestionado ni siquiera tímidamente dichos datos, dando por hecho de que es cuestión de días la muerte anunciada del maldito coronavirus. Sin embargo los datos reales distan mucho de ello. 

Bastan dos artículos de imprescindible lectura para confirmarlo: el primero es el trabajo de Sussane Hodgson et al en Lancet sobre qué es lo que define la eficacia de una vacuna COVID-19. Una vacuna puede actuar frente a la infección, la transmisión o la enfermedad, pero lo verdaderamente importante es saber su efecto frente a la enfermedad severa y la muerte. Y no es posible demostrar estos dos últimos aspectos en la fase 3 de su desarrollo; de hecho “cualquier prueba de la eficacia respecto enfermedad severa o mortalidad en poblaciones en riesgo sólo se conseguirá tras su licencia a través de grandes estudios epidemiológicos”.

El segundo es el magnífico trabajo de Peter Doshi, director asociado del BMJ en esta revista( y uno de los autores de aquella histórica revisión Cochrane) cuyo título ya lo dice bien claro: “ Salvarán vidas las vacunas COVID-19? Los ensayos actuales no están diseñados para decírnoslo”.  Doshi señala que ninguna de las vacunas está diseñada para detectar reducciones en algunos de los resultados severos, como reducción de hospitalizaciones, ingresos en UCI o muertes. Tampoco sobre si interrumpen la transmisión del virus. El número necesario de casos puede explicar parcialmente el hecho: “las admisiones hospitalarias por COVID-19 y la muerte debido a ella son demasiado infrecuentes en estudios sobre el uso de una vacuna en poblaciones de 30.000 personas como para demostrar diferencias estadísticamente significativas”. Lo mismo es aplicable a la reducción de mortalidad o la transmisión de la infección: los ensayos no están diseñados para ello. Aún así se venden como si tal cosa ocurriera y se aceptan sin pruebas por responsables políticos, comunicadores y expertos. Ninguno de esos ensayos incluyen niños o adolescentes (salvo parcialmente el de Astra Zeneca), ni pacientes inmunocomprometidos , ni embarazadas o mujeres en lactancia. Y aunque algunos incluyen ancianos, su número no es suficientemente relevante para sacar conclusiones claras de su eficacia en este grupo. La consecuencia de esto es brutal: como señala Paul Offit “ si no tenemos datos adecuados en mayores de 65 años, éstos no deberían recibir la vacuna, y no dejaría de ser vergonzoso que los que más la necesiten no la reciban”. Situación similar sucede con las minorías.

Otra cuestión importante es la seguridad: el número de los participantes en todos los ensayos realizados hasta la fecha es insuficiente para garantizarla. Como escribe Eric Topol, citado por Dashi: “... estás hablando de dar una vacuna a decenas de millones de personas; ¿y tu te vas a basar en solamente 100 eventos?

Hay un argumento sumamente peligroso en muchos de los que se aferran como a un clave ardiendo a la supuesta eficacia de las vacunas: las agencias responsables sólo autorizarán vacunas seguras y efectivas. Difícil de creer cuando esa demostración se realiza a través de notas de prensa y no de publicaciones científicas. Difícil de confiar cuando los contratos con las empresas son confidenciales. Este aspecto apenas preocupa a los que ocupan cada día páginas de prensa, radios y espacios televisivos diversos. Según informa Cinco Días, todos “estos contratos contarán con una cláusula de retorno, por la que España deberá abonar el coste del encargo realizado al fabricante si finalmente la vacuna no recibe la autorización, según fuentes de Sanidad, aunque los términos exactos de la penalización no se conocen por la confidencialidad de los acuerdos”. ¿Qué ocurriría entonces si hipotéticamente una vacuna no recibe autorización? ¿Otro Tamiflu 2 pero lo grande?

Según informa el diario chileno La Tercera en este país las empresas farmacéuticas no responderán en caso de daño o muerte de los inoculados, teniendo que ser el estado el único responsable por efectos adversos de las vacunas. El gobierno chileno respondió que no había otra opción cuando negociaron con las farmacéuticas. No parece que vaya a ser Chile una excepción en la negociación de las vacunas COVID 19. ¿Qué ocurrirá en España ante la aparición de efectos adversos? ¿Pagará también el Estado, señor Illa?

En resumen no disponemos de información fiable (publicada en revistas serias) sobre la eficacia de las vacunas, la medición de su supuesta eficacia no incluye su posible efecto ni en enfermedad grave ni en mortalidad, ni sería muy representativa en ancianos. Y para remate las empresas que las comercializan parece que obtendrán beneficios incalculables cargando con los riesgos a los gobiernos.

Con la pandemia H1N1 un grupo de blogs alertó respecto al sinsentido de lo que estaba pasando (Gripe y calma). Hoy es impensable. El silencio de los corderos es atronador.

Docencia Rafalafena. Valoración del temblor en Atención Primaria.

 

Os adjuntamos la excelente presentación sobre “Valoración del temblor en Atención Primaria” que ha preparado Anabel Zahonero, R1 de Neurología del Hospital General de Castellón, tras su rotatorio en nuestro Centro de Salud durante el mes de noviembre.
Muchas gracias Anabel, nos será de gran utilidad!!

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